Desde 2013, 138 casos de salvadoreños asesinados tras la deportación de Estados Unidos
En El Proyecto de Inmigración, a menudo nos preguntan por el impacto y la importancia de nuestra misión, ¿qué es lo que hacemos y por qué importa? Ciertos aspectos de nuestra carga son más fáciles de explicar que otros. Por ejemplo, la imagen de los malos tratos domésticos figura en las noticias y en la imaginación social, de manera que es algo que el público, en general, puede concebir. La deportación, sin embargo, es probablemente un evento desconocido para el estadounidense “típico”; además es probable que no conozca a nadie que haya sido deportado. Esto quiere decir que los efectos verderaderos de la deportación son más difíciles de explicar y más difíciles de comprender. Un informe reciente por Human Rights Watch (HRW), “Deported to Danger: United States Deportation Policies Expose Salvadorans to Death and Abuse [Vueltos al peligro: la política estadounidense de la deportación expone a los salvadoreños a la muerte y los abusos],” ilumina la realidad y las consecuencias de la deportación para ciudadanos de El Salvador y muestra exactamente lo que está en juego para los refugiados y otros que solicitan asilo en EE.UU.
Hoy en día unos 1.2 millones de salvadoreños viven en EE.UU. Según el informe HRW, de esta población aproximadamente solo un 25% son residentes permanentes legales, con la “tarjeta verde”; los demás tienen un estatus legal temporal precario o son indocumentados. Tomando en cuenta que para El Salvador el futuro del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS, según sus siglas en inglés) es cada vez más incierto, esto quiere decir que los salvadoreños se encuentran más desprotegidos y más vulnerables a la deportación.
Las personas se huyen de El Salvador en números desmedidos; es el país más violento de la región con índices espantosos de homicidio, violencia pandillera, desapariciones, feminicidio, abuso sexual, y violencia estatal. Muchos salvadoreños llegan a EE.UU. para buscar asilo en un intento legal y desesperado por escapar del peligro y de las violaciones de derechos humanos comunes en su país de origen. A pesar del peligro ampliamente documentado en El Salvador, entre 2014 y 2018, el gobierno estadounidense deportó a más de 100,000 salvadoreños. Los factores que empujan a las personas a salir de su país representan amenazas concretas a su seguridad y bienestar. “Deported to Danger” constata que más de 100 salvadoreños murieron asesinados tras su deportación de EE.UU. Desgraciadamente, esos asesinatos no constituyen la totalidad del problema. Los salvadoreños se enfrentan a múltiples dimensiones violentas y la realidad es que es probable que los informes sobre los daños que sufren, al ser forzados a volver a El Salvador, descubran solo una porción de la cantidad verdadera de abusos. La falta de precisión al respecto se debe a varias razones, entre ellas la capacidad estatal y la implicación del estado mismo en la violencia.
Un aspecto notable del informe “Deported to Danger” es el aserto que el gobierno estadounidense manda volver a los individuos, aun siendo completamente consciente del peligro que les espera. Esto es significativo porque deportar adrede a una persona indefensa al volver constituye una violación de leyes y normas internacionales: el derecho internacional incluye legislación robusta que protege a las personas, prohibiendo su regreso forzado a situaciones peligrosas y perjudiciales. Todos los convenios siguientes–la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (Artículo 33), la Convención contra la Tortura (Artículo 3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 7), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 22[8]), y la Convención sobre los Derechos del Niño–en forma explícita o implícita, tratan el tema de evitar precisamente el tipo de riesgo sufrido por los salvadoreños deportados. Legalmente se les protege contra la deportación a individuos con miedo de la violencia y la persecución; según las normas internacionales, no deben ser deportados.
Mientras que “Deported to Danger” se enfoca específicamente en el caso de los salvadoreños, es importante reconocer que los riesgos físicos que resultan de la deportación no se asocian solo con El Salvador. En muchas instancias, particularmente para los que solicitan asilo, la deportación forzada al país de origen puede amenazar la vida misma. Muchas personas no tienen remedio salvo volver a situaciones abusivas y peligrosas; en algunos casos el mero hecho que los individuos han regresado de EE.UU. los hace víctimas de la violencia y la delincuencia, lo cual aumenta las amenazas que tienen que navegar. Cuanto más difícil sea conseguir el estatus de refugiado y asilo, y cuanto más restrictivas sean las leyes de inmigración en EE.UU., más graves serán los riesgos a los deportados, vueltos a condiciones peligrosas.
En El Proyecto de Inmigración a menudo tratamos casos en que la ayuda legal es la única defensa entre los refugiados y la violencia sexual, física, o emocional. Deportarlos a su país de origen perjudica la vida; y según se afirma en “Deported to Danger,” la política actual de inmigración en EE.UU. no solo ignora estos riesgos, sino que viola las normas y leyes internacionales.
