Profesora Cindy G. Buys, Facultad de Derecho, Southern Illinois University
A continuación, se presenta la lista de los casos más importantes sobre el tema de la inmigración en Estados Unidos que la Corte Suprema consideró durante el período 2020-2021. Los fallos al respecto se esperan entre ahora y junio de 2021.
Pereida v. Barr, Núm. de expediente 19-438
(Solicitud de certiorari concedida el 18 de diciembre de 2019; caso defendido el 14 de octubre de 2020)
Pereida, un nativo y ciudadano de México, acusado de un intento criminal al usar una tarjeta fraudulenta de seguridad social para conseguir un trabajo, declaró no me opongo. Cuando el gobierno empezó el proceso de expulsión [removal], Pereida solicitó una forma de exención discrecional llamada cancelación de la expulsión [cancellation of removal]. Sin embargo, el gobierno determinó que los cargos de intento criminal a delito menor constituyen un delito que involucra vileza moral [crime involving moral turpitude (CIMT)], de manera que dejó a Pereida ineligible para recibir tal remedio. El estatuto en Nebraska bajo el cual fue imputado contiene varias secciones, algunas de ellas son admisibles como un CIMT y al menos una que no lo es. Al repasar el informe judicial, el Consejo de Apelaciones de Inmigración [Board of Immigration Appeals (BIA)] y el Octavo Tribunal de Circuito de Apelaciones fallaron que era imposible determinar qué sección del estatuto formó la base de la convicción de Pereida y si le condenaron por un CIMT o no. Por lo tanto Pereida no pudo sostener el peso de la prueba para el derecho de cancelación. La Corte Suprema resolverá la cuestión siguiente: cuando el informe judicial pertinente a un fallo condenatorio es ambiguo respecto a si el crimen entra o no en la Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), ¿puede una condena criminal prohibir que un no ciudadano solicite una cancelación de la expulsión? En parte, fallar la cuestión dependerá de los pesos de la prueba de los dos lados y si una ambigüedad en el informe judicial debe perjudicar al no ciudadano.
Niz-Chavez v. Barr, Núm. de expediente 19-863
(Solicitud de certiorari concedida el 8 de junio de 2020; caso defendido el 9 de noviembre de 2020)
En marzo de 2013, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le entregó a Niz-Chávez, un nativo y ciudadano de Guatemala, un aviso de comparecencia [notice to appear (NTA)] ante un juez de inmigración al día y hora a determinar. En mayo de 2013, le notificaron que la audiencia se fijaba para junio de 2013. Niz-Chávez se presentó y comunicó su intención de solicitar una retención de expulsión bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y compensación según la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). Después de una audiencia probando la base jurídica de la causa en 2017, el juez de inmigración (JI) rechazó la solicitud de retención de expulsión y compensación bajo CAT; sin embargo, le concedió permiso para la salida voluntaria. Niz-Chavez acudió al Consejo de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y cuestionó las decisiones del JI. Al mismo tiempo, Niz-Chávez argumentó que su caso debe regresar al tribunal original para que éste reconsidere el juicio porque la NTA que él había recibido no cumplió con los requisitos necesarios según la Corte Suprema en 2018, cuando emitió un fallo en Pereira v. Sessions. En ese caso, los jueces determinaron que una NTA que no incluye la fecha y hora específicas del día cuando tendrán lugar los procedimientos de expulsión de una persona no ciudadana no provoca la regla parar-el-tiempo [stop-time rule] estipulada en 8 U.S.C. § 1229 (Título 8, Código de los Estados Unidos, sección 1229). Según la regla, cuando un individuo no ciudadano recibe una NTA redactada con la fecha y hora de la audiencia, automáticamente se para el tiempo acumulado en Estados Unidos necesaria para una forma de exención discrecional llamada cancelación de la expulsión [cancellation of removal]. El BIA rechazó la petición de Niz-Chávez para que el caso regresara a la corte original y el Sexto Circuito de Apelaciones apoyó la decisión. El veredicto de la Corte Suprema se centrará en el asunto siguiente: cuando un acusado recibe múltiples notificaciones–en este caso una NTA sin fecha y hora, y más tarde una NTA con esos elementos–¿es suficiente para provocar la regla parar-el-tiempo?
Pham v. Guzman Chavez, Núm. de expediente 19-897
(Solicitud de certiorari concedida el 15 de junio de 2020; caso defendido el 11 de enero de 2021)
Los comparecientes son un grupo de no ciudadanos, quienes entraron en los Estados Unidos sin permiso legal. Se les expulsó, volvieron a entrar sin permiso legítimo, y ahora el gobierno quiere expulsarlos mediante órdenes de expulsión reactivadas. Solicitaron una retención de expulsión basada en el temor a la persecución o tortura en los países indicados en las órdenes. Los comparecientes quedan detenidos pendiente de audiencias acerca de la retención de expulsión y piden audiencias individuales de fianza para determinar si son elegibles para la libertad bajo fianza mientras que esperen las audiencias de retención. El gobierno asevera que la detención es mandatoria de acuerdo con 8 U.S.C. § 1231 (Título 8, Código de los Estados Unidos, sección 1231: Detención y Expulsión de Extranjeros Condenados a la Expulsión [Detention and Removal of Aliens Ordered Removed]). Por su parte, los comparecientes afirman que la regla que rige es 8 U.S.C. § 1226 (Título 8, Código de los Estados Unidos, sección 1226: Arresto y Detención de Extranjeros), la cual permitiría que los detenidos solicitaran libertad bajo fianza. El Cuarto Circuito de Apelaciones decidió a favor de los comparecientes. La cuestión bajo consideración por la Corte Suprema es cuál ley rige la detención de una persona extranjera sometida a una orden reactivada de expulsión, y quien pide la retención o el aplazamiento de la expulsión.
Rosen v. Dai, Núm. de expediente 19-1155
(Solicitud de certiorari concedida el 2 de octubre de 2020; caso marcado para el 23 de febrero de 2021)
Dai, un ciudadano chino, solicitó asilo en Estados Unidos. Aunque se le negaron el asilo, retención de expulsión, y protección bajo CAT (la Convención contra la Tortura), el juez de inmigración no emitió un fallo expreso que indicara la falta de credibilidad por parte del compareciente. El Noveno Tribunal Circuito de Apelaciones determinó que la falta de un fallo explícito en su contra le da derecho a la presunción de credibilidad a Dai. La Corte Suprema decidirá el asunto siguiente: sin un fallo explícito de falta de credibilidad pronunciado por un juez de inmigración o por el BIA (Consejo de Apelaciones de Inmigración), ¿puede un tribunal de apelaciones asumir que el testimonio de un inmigrante es creíble y verdadero? Este caso se ha combinado con Rosen v. Alcaraz-Enríquez, Núm. de expediente 19-1156.
Sanchez v. Wolf, Núm. de expediente 20-315
(Solicitud de certiorari concedida el 8 de enero de 2021)
Los demandantes son José Sánchez y Sonia González, un matrimonio ciudadano de El Salvador. Entraron por primera vez en Estados Unidos sin autorización en 1997. Después de una serie de temblores en su patria en 2001, solicitaron y recibieron una forma de compensación humanitaria denominada Estatus de Protección Temporal (TPS, según sus siglas en inglés). En 2014, solicitaron el estatus de residente permanente legal (LPR, en inglés) en Estados Unidos de acuerdo con 8 U.S.C. §1255 (Título 8, Código de los Estados Unidos, sección 1255), una regla que manda que los solicitantes hayan sido “inspected and admitted or paroled” (investigados y admitidos o concedidos permiso de ingreso para entrar al país). U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS, por sus siglas en inglés) observó que Sánchez y González no habían sido “admitidos” a los Estados Unidos y por lo tanto eran ineligibles para recibir estatus LPR. Los demandantes protestaron esta decisión y argumentaron que fueron admitidos cuando se les concedió TPS. El Tribunal del Distrito falló a favor de los demandantes; el Tercer Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto. Los Circuitos Sexto y Noveno han determinado que las personas con TPS sí han sido admitidas a los Estados Unidos, mientras que el Quinto se juntó con el Tercero cuando los jueces opinaron que TPS no constituye una “admisión.” La Corte Suprema resolverá esta división entre los Circuitos al decidir la cuestión siguiente: cuando a una persona que entra por primera vez en los Estados Unidos sin autorización apropiada se le concede TPS de acuerdo con 8 U.S.C. §1254a(f)(4), ¿ha sido legalmente “admitida” al país de manera que luego sea elegible para ser un residente permanente legal según 8 U.S.C. §1255?
Trump v. Sierra Club, Núm. de expediente 20-138
(Solicitud de certiorari concedida el 19 de octubre de 2020; caso marcado para el 22 de febrero de 2021)
La Administración Trump recibió más de $15 billones en fondos federales para ampliar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno consiguió el dinero mediante una transferencia interna de fondos entre cuentas del Departamento de Defensa a petición del Departamento de Seguridad Nacional. La Sección 8005 del Acta de Asignaciones de Fondos del Departamento de Defensa pone límites a la capacidad de trasladar fondos por parte del Secretario de Defensa. En julio de 2020, un panel del Noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que fue ilegal valerse de fondos propios del Departamento de Defensa y usarlos para construir el muro. Bajo la suposición que un cambio de política por parte de la nueva Administración de Biden no resultará en la irrelevancia del caso, la Corte Suprema tiene que determinar si la Sección 8005 del Acta de Asignaciones de Fondos del Departamento de Defensa autoriza al presidente a que desvíe $2.5 billones en fondos militares para costear el muro en la frontera.
Estados Unidos v. Palomar-Santiago, Núm. de expediente 20-437
(Solicitud de certiorari concedida el 8 de enero de 2021)
Palomar-Santiago es un ciudadano mexicano que llegó a ser un residente permanente legal (LPR, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos en 1990. En 1991, le declararon culpable de manejar bajo la influencia [del alcohol] (DUI, en inglés) en California, y que las circunstancias elevaron su acción al nivel de delito mayor [felony DUI]. En 1998, recibió un aviso de comparecencia [notice to appear (NTA)] que le informó que, debido al DUI, el gobierno podía expulsarlo del país. Basaron su decisión en 8 U.S.C. §1110(a)(43) (Título 8, Código de los Estados Unidos, sección 1110 [a][43]): el DUI constituía un “delito violento [crime of violence]” y por lo tanto se definía como “delito mayor con agravantes [aggravated felony],” según el Código. Después de una audiencia, expulsaron a Palomar-Santiago. Tres años más tarde, el Noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que el delito mayor de manejar bajo la influencia (felony DUI), del que Palomar-Santiago había sido condenado, no constituye un acto por el cual el autor puede ser automáticamente expulsado. Mientras tanto, Palomar-Santiago había vuelto a entrar en los Estados Unidos sin autorización; lo detuvieron y le acusaron de re-entrada ilegal. El Tribunal Estadounidense del Distrito determinó que Palomar-Santiago había cumplido con la carga de la prueba al demostrar que lo habían expulsado de los Estados Unidos sin causa; por lo tanto, el Tribunal desestimó la acusación. El Noveno Tribunal de Apelaciones afirmó el fallo. La Corte Suprema resolverá el asunto central del caso: cuando la expulsión de un extranjero se basa en un error de clasificación de una condena previa, ¿se deben desestimar las acusaciones de entrada ilegal que resultan de ese error inicial?
Wolf v. Innovation Law Lab, Núm. de expediente 19-1212
(Solicitud de certiorari concedida el 19 de octubre de 2020; caso marcado para el 1 de marzo de 2021)
Un grupo de solicitantes para el asilo, junto con organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a la inmigración, demandaron al Departamento de Seguridad Nacional sobre los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés; la llamada política “Quedarse en México”). Las reglas mandaban que los que pedían el asilo volvieran a México durante las tramitación de las solicitudes. Bajo la suposición que un cambio de política por parte de la nueva Administración de Biden no resultará en la irrelevancia del caso, la Corte Suprema tiene que resolver una serie de cuestiones asociadas con los MPP: 1) ¿son los MPP una aplicación legal de la autorización estatutaria otorgada por 8 U.S.C. §1225(b)(2)(C)?; 2) ¿son los MPP consistentes con las obligaciones aplicables y ejecutables de la no devolución [non-refoulement]?; 3) ¿tienen los MPP que cumplir con el período de notificación-y-comentarios requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo, o están exentos?; y 4) ¿es demasiado amplio el interdicto preliminar universal mandado por el tribunal del distrito?